La renta garantizada de ciudadanía

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una ayuda económica para favorecer la inserción sociolaboral de personas con recursos insuficientes*. En Cocentaina alrededor de 50 familias se benefician de esta ayuda. Es la Generalitat Valenciana la que concede la RGC y la que tiene que poner el dinero para pagarla. Ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones pueden pedir ser “entidad colaboradora”, lo que implica, entre otras obligaciones, entregar el pago mensual a los titulares de la RGC, independientemente de si la Generalitat ha enviado o no el dinero.

Hasta noviembre era la Mancomunidad de Servicios Sociales “El Comtat” la entidad que distribuía este pago. El problema estaba -y está- en que la Generalitat Valenciana no paga. Por eso la Mancomunidad (que ya ha iniciado su disolución) solicitó dejar de ser entidad colaboradora: tenía que pedir dinero para pagar lo que corresponde en realidad a la administración autonómica.

Sin embargo, en el Pleno de diciembre es el Ayuntamiento de Cocentaina el que aprueba, por unanimidad, ser entidad colaboradora para la RGC. La Mancomunidad se lo deja y el Ayuntamiento lo coge, asumiendo una responsabilidad de la que no tiene obligación. El Col·lectiu 03820 votamos a favor, eso sí, después de meditarlo y de hacer algunas advertencias. Porque quizás no estamos en contra de lo que se ha votado, ni queremos que la renta garantizada no se pague, pero nos sentimos obligados a remarcar algunas cuestiones a tener en cuenta.

Las entidades locales, como nuestro Ayuntamiento, están poniendo en riesgo su estabilidad económica para hacer frente a problemas que son competencia de administraciones superiores. Pero si esas administraciones no pagan lo que deben (solamente la RGC ya son cerca de 180.000€ anuales) y el Ayuntamiento sigue haciéndose cargo de lo que no le toca, puede llegarse a tener dificultades para pagar a los proveedores o el gasto corriente. Podemos vernos en la tesitura de tener que elegir pagar unas cosas y dejar de pagar otras. Y si eso pasa la elección tiene que estar clara: que se paguen los servicios que se esté obligado a prestar y nos deshacemos de los que no correspondan. Porque el Ayuntamiento no puede convertirse en el banco de la Generalitat.

La otra cuestión a señalar es que el Ayuntamiento debe mantener un criterio de igualdad hacia la población que administra. La Generalitat no sólo incumple el pago de la RGC, sino que también debe dinero para las plazas concertadas en las residencias, a los beneficiarios de la Ley de Dependencia y a sus cuidadores, a librerías… ¿Por qué no se atiende a todos por igual si resulta que es una cuestión voluntaria y no una obligación municipal? ¿Por qué el Ayuntamiento no avanza también el dinero que tienen pendiente de cobro estas personas y colectivos?

A muchos intriga la especial rapidez y atención que ha demostrado el Ayuntamiento en el tema de la Renta Garantizada de Ciudadanía. No sorprende que se hable de intereses escondidos y de clientelismo político. Mientras algunos, como los dependientes, hace tiempo que no cobran y llevan un par de años desgañitándose en la calle, encadenándose, manifestándose contra la Generalitat para hacer escuchar sus reivindicaciones; de los beneficiarios de la RGC no nos consta ninguna manifestación. No les ha faltado la renta ni un solo mes, porque el Ayuntamiento ha anticipado el dinero, destinándolo a unas personas que -no todos, pero sí gran parte-, hasta ahora no se han movido para defender sus intereses. Es más cómodo llamar a la puerta del Ayuntamiento o esperar a que este haga algo, pero eso no es “moverse”, sino traspasar la carga. Y quien está liquidando el estado del bienestar, quien ha de pagar y no paga es la Generalitat Valenciana, y es frente a ellos que hay que ir. No se trata de predisponernos unos ciudadanos contra los otros, más cuando a todos nos están afectando los problemas. Pero hay que tener claro quiénes son los que los provocan y salir a la calle, todos juntos, las veces que haga falta, para denunciarlo bien alto y bien claro y exigir soluciones. Y será injusto si los beneficiarios de la RGC, como ahora les paga el Ayuntamiento, piensan que su problema ya está resuelto y se quedan en casa.

Con lo que hemos destacado no queremos decir que el Ayuntamiento se abstenga de asumir competencias. Somos partidarios de asumirlas hasta donde las posibilidades lo permitan, pero siempre con criterios de igualdad. Y si hay que romper la igualdad, que se haga una cosa tan simple como consultar a los vecinos y vecinas. Porque los partidos en el Ayuntamiento, Col·lectiu 03820 inclusive, podemos estar a favor, pero en lo sucesivo la ciudadanía debería poder opinar en una cuestión así: con los impuestos de todos va a beneficiarse solamente a unos.

Antes del pleno, al Col·lectiu 03820 se nos garantizó con criterios técnicos que el Ayuntamiento podrá hacer frente a la situación, que había casos de necesidad y que, con el reconocimiento de entidad colaboradora, el Ayuntamiento podrá supervisar mejor que las RGC se destinen realmente a cubrir las necesidades para las que se han concedido. Por eso votamos afirmativamente, pero exigiremos al Ayuntamiento que este control sea efectivo y que se tomen medidas para detectar y expedientar si alguien recibe la RGC mientras obtiene ingresos procedentes de actividades delictivas o causa problemas de convivencia.

Col·lectiu 03820

Llig aquest article en valencià a la revista “El Comtat de gener del 2013

* Ley 9/2007 de la Generalitat, de la Renta Garantizada de Ciudadanía (Consultable en http://bit.ly/llei92007) y Decreto 93/2008 del Consell (http://bit.ly/decret932008).


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